Once son los compromisos adquiridos por el Gobierno nacional en medio de las reuniones con las autoridades del Atlántico y la empresa Air-e para la búsqueda de “soluciones estructurales” a la crisis energética.
Dichas acciones quedaron consignadas en el acta que se dio a conocer en la noche de este jueves, que se enmarca en un plan de acción estratégico que comprende medidas inmediatas, a mediano y largo plazo.
Las medidas regulatorias
En este espacio, el Gobierno recalcó que se adoptarán las medidas regulatorias para facilitar la implementación de un plan de mejora consensuado por todos los actores para el recaudo en las zonas especiales, “teniendo en cuenta las condiciones culturales y socioeconómicas de la región”.
Dicha regulación será adoptada por la Comisión de Regulación de Gas y Energía (Creg), en el sentido de generar modificaciones al marco tarifario vigente. Es de anotar que esto sólo será posible cuando esta comisión salga de la interinidad. Actualmente se han nombrado 3 de los 6 comisionados en propiedad, aunque se requieren 4 expertos para contar con quorum decisorio.
En ese sentido, la cartera de Minas indicó que se construye un acto administrativo que permita la “deflactación” del Índice de Precios al Productor (IPP) artificial de 2021 y 2022 en los contratos bilaterales.
Al respecto, el exministro y experto en temas energéticos, Amylkar Acosta, explicó que en 2022 se detectó que uno de los factores que estaban contribuyendo a elevar las tarifas de energía era el indexador debido a que el Dane había modificado la metodología para su cálculo. De esa manea pasó de 4.7 % entre los años 2018 y 2019 al 34.32 % en el mes de mayo de 2022.
“Este índice afecta a varios cargos de la fórmula tarifaria: al precio de la energía, a la transmisión y a la distribución e indirectamente a las pérdidas reconocidas”, expuso.
Desde Minminas también se destacó que se han publicado varios proyectos de resoluciones por parte de la Creg, tendientes a baja las tarifas. El primero está enfocado a esquemas de financiamiento y flexibilización del mercado de energía, así como otro documento busca adelantar ajuste a los Indexadores del mercado de energía.
También se construyó un proyecto de resolución con el fin de adoptar una metodología de reglamentación del artículo 236 de la Ley 2294 y otro documento para limitar la especulación de precios de bolsa de energía.
Asimismo, la Creg expidió una circular para la creación de varios precios de escasez asociados a cada tecnología de generación.
En la misma línea, el Gobierno acordó que se seguirán emitiendo las regulaciones de la Creg necesarias para la disminución de la tarifa en la región Caribe.
Nuevos espacios de diálogo
Otro de los compromisos corresponde a la realización de una nueva reunión con las empresas generadoras de energía. Dicho encuentro se cumplirá en la semana del 5 al 9 de agosto de 2024, en la ciudad de Barranquilla, con el acompañamiento de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la Procuraduría General de la Nación.
Este nuevo encuentro se desarrollará con el fin de avanzar en la construcción de soluciones conjuntas y facilitar una discusión amplia para enfrentar la situación de los mercados más vulnerables. Es de anotar que desde distintos sectores se ha recalcado la necesidad de que todos los actores de la cadena hagan parte de este proceso.
Saldos de opción tarifaria
El Gobierno confirmó que continuará con la ruta establecida para el pago de los saldos de la opción tarifaria para los estratos 1, 2 y 3, que fue un compromiso adoptado por el presidente Gustavo Petro desde el pasado 7 de mayo.
Además, se concertará una reunión con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para dialogar con la empresa Air-e sobre el pago de subsidios de energía.
También se anunció la realización de un estudio “imparcial y técnico” que busque repuestas a la necesidad de ampliar el consumo básico de subsistencia de 173 KWh/m a 252 KWh/m. Es de anotar que dicho indicador corresponde a la cantidad de energía que es sus subsidiada para los estratos 1, 2 y 3.
Otro de las acciones que adelantará el Ministerio de Minas corresponde a ajustes en el objeto de los proyectos PRONE “para que además de la normalización de barrios subnormales en la región con medición individual e inteligente, se amplíen para la instalación de autogeneración renovable en las viviendas”.
Por último, el Gobierno reafirmó el compromiso de priorizar los proyectos y postulaciones de municipios y comunidades energéticas del Caribe.