Esta semana la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) informó que había ordenado la liquidación de Medimás EPS por incumplirles a los usuarios y al país. Lo que implica, en otras palabras, que la Supersalud tomó inmediata posesión de los bienes, haberes y negocios de la EPS Medimás, y ordenó su intervención forzosa para liquidar, con lo cual deja de operar en 232 municipios de 14 departamentos del país donde contaba con 1,5 millones de afiliados.
Un día después, además, la Contraloría General de la República anunció que está adelantando dos procesos de responsabilidad fiscal por más de $385 mil millones contra la EPS. El primero, explica, que se abrió en julio de 2020, por presuntas irregularidades en la administración de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, por $ 150.844 millones. Y el segundo, que empezó en mayo de 2021, por presuntas irregularidades en el manejo de $234.191 millones girados por la Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud -ADRES- para garantizar la prestación de los servicios de salud a sus afiliados.
En el primer caso, por ejemplo, la Contraloría está investigando alrededor de $158 mil millones que fueron entregados en anticipos por Medimás a Century Farma, hoy también en liquidación, así como el pago de servicios de salud de personas fallecidas. Igualmente, se está analizando un pago de $2.981 millones por multas impuestas por la Supersalud que se hizo con recursos que le había pasado el Sistema de Salud.
Mientras en el segundo caso, agrega la Supersalud, “se investiga, además del pago irregular de facturas, los anticipos girados por la EPS a Estudios e Inversiones Médicas – Esimed S.A., los cuales a la fecha no han sido legalizados”. “En el curso de los procesos han comparecido dos presidentes de Medimás EPS, vicepresidentes financieros, jurídicos y tesoreros, además de las empresas a las que se les giraron los anticipos”, agregan.