La senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, se unió a las voces que han expresado su preocupación por la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP), señalando que, aunque considera necesario avanzar en la descentralización, la propuesta actual compromete la estabilidad fiscal y el desarrollo económico del país.
En su intervención en La FM de RCN, Valencia subrayó los riesgos financieros y estructurales que, a su juicio, conllevaría esta reforma, la cual ya ha avanzado hasta su sexto debate en el Senado.
“Estoy muy preocupada porque me parece que están haciendo fiesta con un montón de recursos que no existen”, afirmó Valencia, enfatizando que no es una persona “centralista” y que ha experimentado de primera mano los efectos de las administraciones corruptas.
“He sufrido por estar en manos de clanes políticos que se roban hasta el último centavo”, expresó, advirtiendo sobre el destino de los recursos en manos de estos grupos: “¿Qué va a pasar con Colombia cuando lleguen esos recursos a esos clanes y se vuelva dinero de campaña?”
La senadora destacó que, en los últimos 11 años, se han girado 109 billones de pesos a los entes territoriales, pero cuestionó el uso y la transparencia en la administración de estos fondos. “Toca hacerse una pregunta y es dónde está la plata, porque uno no ve las inversiones, pero sí se escuchan los escándalos de corrupción”, sostuvo, recordando que en años anteriores la mala administración llevó a la quiebra de 900 municipios.
Valencia se mostró de acuerdo en la necesidad de dotar de más recursos a los municipios, pero advirtió que estos deben destinarse a mejorar la infraestructura y servicios que realmente impacten a las comunidades.
«Una de las apuestas que debería hacer Colombia es que los recursos permitan hacer obras, pero se deben mirar cuáles son las competencias que los municipios deberían estar teniendo», explicó.
Además, Valencia alertó sobre el impacto fiscal a largo plazo que la reforma podría generar, indicando que, de aprobarse en sus términos actuales, el Estado podría verse comprometido con una deuda considerable.
“Si lo dejan en el 38%, sería una deuda de 888 billones de pesos, y va a pasar que la capacidad de endeudamiento del Estado va a llegar a su tope, terminando en un pago mucho mayor en intereses”, señaló, insistiendo en que el país debe ser cauteloso en las decisiones que puedan comprometer su estabilidad financiera.