El exdirector de la DIAN, Lisandro Junco, advirtió en entrevista con La FM que el Decreto 0572 de 2024, expedido por el Gobierno Nacional, es ilegal y constituye una reforma tributaria encubierta, que altera sustancialmente las reglas del impuesto sobre la renta sin pasar por el Congreso.
El decreto en mención busca aumentar la autorretención en la fuente para el año gravable 2025, con el argumento de que así se reducirá el anticipo que los contribuyentes deberán pagar en 2026. Sin embargo, Junco asegura que esta medida, tomada en un contexto de déficit fiscal, vulnera varios principios legales y constitucionales.
“Sí, es ilegal. El Gobierno tiene facultades para establecer tarifas, pero no puede cambiar las reglas de juego sin pasar por el Congreso. Este decreto no es un ajuste técnico, es una reforma tributaria disfrazada”, afirmó el exfuncionario.
Violación de principios constitucionales
Según Junco, el decreto viola al menos tres principios constitucionales fundamentales:
- Principio de no confiscatoriedad: “Aspiran las pocas utilidades de empresas y personas naturales. Si no tienen utilidades, los llevan a pérdidas fiscales por retenciones excesivas”.
- Falsa motivación: “Dicen que es para suavizar el recaudo en 2026, pero realmente buscan recaudar de inmediato para cubrir el hueco fiscal actual”.
- Representación tributaria: “Solo el Congreso puede modificar bases gravables. Este decreto amplía el universo de contribuyentes y agentes de retención sin discusión legislativa”.
Impacto en personas que antes no declaraban renta
Junco alertó que con el decreto, personas con ingresos bajos o que antes no estaban obligadas a declarar renta ahora enfrentarán retenciones anticipadas, afectando su capital de trabajo.
“Un campesino que venda un bulto de cacao por $100.000 deberá ser sujeto de retención del 1,2%. Eso antes no pasaba. Ahora cualquiera que preste un servicio por más de $94.000 se convierte en sujeto de retención”, destacó el experto en derecho financiero y tributario.
Dudas sobre devoluciones y sostenibilidad fiscal
El exdirector de la DIAN también cuestionó la capacidad del Estado para devolver los saldos a favor que esta medida podría generar. “La DIAN no tiene caja para hacer devoluciones. Si se hacen, serán en papeles, como los TIDIS, y además se pone en riesgo la sostenibilidad fiscal del próximo gobierno”.
En su análisis, Junco afirmó que este decreto podría dejar al país sin capacidad de recaudo efectivo en 2026, ya que los recursos se estarían anticipando de forma irregular. “Esto es como que le pidan a usted pagar de una vez el arriendo o las cuotas de la tarjeta de crédito de todo el próximo año. No tiene presentación”, dijo.
Acciones legales en camino
Lisandro Junco confirmó que varios abogados ya han interpuesto demandas contra el decreto, aunque señaló que no todos los demandantes son especialistas en derecho tributario. Por ello, trabaja junto a un grupo de tributaristas en una demanda que se presentará la próxima semana ante el Consejo de Estado.
“Dudo que se emita una medida cautelar, así que mientras no se caiga el decreto, el Gobierno seguirá recaudando anticipadamente, sin que se vea inversión ni obras. La pregunta es: ¿Para qué se recauda?”.
Junco concluyó que esta medida refleja el hueco fiscal estructural del Gobierno y el intento por tapar la falta de caja con una estrategia jurídica que no se sostiene. “El decreto debe caer porque está por fuera de la Constitución y el Gobierno no puede seguir legislando en materia tributaria a punta de decretos”, advirtió.
Mientras se resuelve en el alto tribunal, las empresas y ciudadanos deberán enfrentar una carga tributaria anticipada que muchos consideran inviable y lesiva para sus finanzas.