No ha caído bien dentro del Consejo Nacional Electoral (CNE) la solicitud que presentó el magistrado Vladimir Fernández a sus compañeros en la Corte Constitucional para que se suspenda la investigación que se adelanta contra el presidente Gustavo Petro por presunta financiación irregular y violación de topes por parte de su campaña política.
Preocupación en el CNE por impacto institucional
Fuentes indicaron que esta solicitud causó sorpresa en el CNE y se advierte que, en caso de ser atendida de manera positiva, podría representar un golpe a la institucionalidad, al Estado de Derecho y a la Constitución Nacional, teniendo en cuenta que se desconocerían fallos del Consejo de Estado, pronunciamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Procuraduría, entre otras instancias, defendiendo la competencia que tiene el tribunal electoral en estos episodios.
Dudas sobre impedimentos y consecuencias futuras
Además, se preguntan si el magistrado Fernández debería declararse impedido, teniendo en cuenta que se trata de un exsubalterno del presidente Petro, que se desempeñaba como secretario jurídico del Palacio de Nariño, antes de ser postulado por el mandatario para ocupar un puesto en la Corte Constitucional.
También consideran que esta medida provisional de suspensión podría sentar un precedente negativo de cara a futuras investigaciones dentro del Consejo Nacional Electoral a otros candidatos presidenciales, que podrían alegar una falta de competencia para adelantar los procesos por presuntas irregularidades en las campañas políticas.
También temen que una eventual suspensión de la indagación en el CNE pueda propiciar un plan tortuga dentro de la Corte Constitucional y que la tutela sea engavetada hasta que se venzan los términos para tomar decisiones sobre la campaña Petro Presidente, los cuales caducan en el mes de junio.
Lo cierto es que mientras se toma una decisión, el Consejo Electoral continuará avanzando en la investigación. De hecho, fuentes indican que, aunque se habían descartado los testimonios pedidos por la defensa, como el del actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, que no asistió a la diligencia, los magistrados que llevan el caso decidieron ampliar el plazo hasta el próximo 24 de abril para poder recibirlos.