El Consejo de Estado recibió la primera tutela contra la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de formular cargos contra la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, por supuesta violación de topes electorales al haber omitido información con respecto a los aportes recibidos por la Coalición Pacto Histórico.
El accionante es Ericsson Mena Garzón, quien dice ser defensor del presidente Petro y reclamó por la determinación del tribunal electoral. Aseguró se estaría generando una violación al fuero presidencial y al debido proceso, ya que hay una sentencia de la Corte Constitucional en la que se explica que las investigaciones directas contra el Presidente de la República deben ser adelantadas por el Congreso.
“Este principio garantiza la separación de poderes y la estabilidad del sistema democrático. La Sentencia SU-431/2015 reafirma que cualquier investigación que afecte directamente al presidente en ejercicio debe ser adelantada por el Congreso, y no por autoridades administrativas como el CNE”, señala uno de los apartes del documento.
El accionante resaltó que con la formulación de cargos habría una violación al derecho a elegir y ser elegido, debido a que el CNE no tiene la competencia para adelantar este proceso, lo que causa incertidumbre sobre la legitimidad del proceso electoral y vulneraría el derecho de los ciudadanos que votaron por el presidente Petro.
“Las actuaciones del CNE, al abrir una investigación contra el presidente sin la debida competencia, generan incertidumbre sobre la legitimidad del proceso electoral y vulneran el derecho de los ciudadanos que eligieron a Gustavo Petro como su presidente. Esto constituye una violación directa al derecho de participación política”, añade la tutela.
El demandante reiteró que el tribunal electoral está interfiriendo en asuntos que son competencia de la Comisión de Acusación del Congreso, al tiempo que agregó que la CIDH ha señalado en reiteradas ocasiones que las acciones que afecten los derechos de participación democrática de los ciudadanos, son considerados como una violación a los derechos políticos consignados en tratados internacionales adoptados por Colombia.
“La interferencia indebida del CNE en asuntos que le corresponden exclusivamente al Congreso de la República vulnera el derecho fundamental a la participación democrática. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado que cualquier acción que afecte la estabilidad democrática o que prive a los ciudadanos de su derecho a elegir libremente, constituye una violación grave de los derechos políticos consagrados en los tratados internacionales”, concluye la tutela.
Ericsson Mena solicitó que se suspenda provisionalmente la investigación contra el presidente Gustavo Petro, con el objetivo de evitar que el avance del proceso afecte los derechos del mandatario y los ciudadanos. Además, pidió que en caso de que el fallo definitivo sea favorable a las pretensiones de la tutela, se le ordene al Consejo Nacional Electoral remitir el expediente completo a la Comisión de Acusación del Congreso.